* Enfatizó el trabajo de la Mesa de Reconciliación
que analiza los casos no sólo ante la pandemia, sino para cumplir con la
reinserción de personas privadas de la libertad
* En lo que va de esta administración, se ha
liberado a 198 personas
* Pidió a los beneficiados aprovechar esta
oportunidad y no involucrarse en situaciones que pongan en peligro otra vez su
libertad
Como un acto humanitario y de justicia, ante la
emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
encabezó la pre liberación humanitaria de 34 reclusos que se dio por sentencia
suspendida o cambio de medida cautelar, donde resaltó que en Chiapas se
respetan los derechos humanos y se está atento a los beneficios que la ley
permite a las personas privadas de su libertad.
En ese marco, Escandón Cadenas pidió a los liberados
aprovechar para bien esta oportunidad, que es una acción apegada a la
Constitución Mexicana; tomar en consideración el derecho de los demás y no
involucrarse en situaciones que pongan en peligro otra vez su libertad: “Sirvan
de ejemplo y hagan el llamado a sus seres queridos y a la sociedad a evitar
conflictos que tengan como resultado la pérdida del derecho a vivir libre”.
Junto al titular del Poder Judicial del Estado, Juan
Óscar Trinidad Palacios, el mandatario manifestó que hablar de reinserción
social es cumplir con requisitos que prevé la ley en materia de capacitación
laboral, educación y salud, entre otros, por lo que reconoció el trabajo de la
Mesa de Reconciliación que analiza los casos y, en lo que va de esta
administración, ha liberado a 198 personas.
“La libertad es el tesoro más grande que tenemos. Es
la mejor forma de desarrollar las aptitudes y talentos. Los seres humanos
cometemos errores y algunos transgreden la ley, pero eso no quiere decir que no
tengan otra oportunidad de rehacer su vida, y qué mejor que durante la pandemia
se lleven estos actos para evitar que corran peligro de contraer la enfermedad,
así como el hacinamiento”, apuntó.
Luego de enfatizar la unidad y búsqueda del bien
común que persiste en los tres Poderes del Estado, convocó a las y los
integrantes de la Mesa de Reconciliación a continuar la revisión respetuosa,
seria y consciente de los casos, ya que este trabajo es necesario no sólo ante
la difícil situación que se atraviesa en materia sanitaria, sino también para
cumplir con la reinserción de quienes están en dicha condición.
Asimismo, subrayó los cuidados y medidas que se han
establecido en los centros penitenciarios de la entidad, ya que no ha habido
contagios de coronavirus; principalmente, agradeció a las y los internos que de
común acuerdo tomaron la decisión de mantener sana distancia, evitar las
visitas y desinfectar los alimentos y la ropa que utilizan.
Por su parte, Trinidad Palacios explicó que mediante
este acto humanitario, que enmarca los principios de respeto a la ley, los
derechos humanos y la justicia, ocho personas recibieron su libertad por
sentencia suspendida; y 26 por cambio de medida cautelar, es decir, seguirán
vinculados a proceso desde sus domicilios.
En voz de las personas preliberadas, quienes se
encontraban en distintos centros de reinserción social del estado, Mauricio “N”
externó su agradecimiento al gesto humanitario del gobernador Rutilio Escandón,
porque, a pesar de la contingencia sanitaria, les concedieron el acta de
libertad que les permitirá reintegrarse a la sociedad y conducirse con rectitud
y honradez, en beneficio propio y de sus seres queridos.
“A partir de hoy comenzaré de nuevo en un Chiapas
donde la humanidad y la justicia no son polos separados, sino ejemplo de un
gobierno sensible a las necesidades de las y los chiapanecos”, expresó al
tiempo de llamar a la juventud a que se encaminen con principios y valores,
convencidos de que todo acto en la vida tiene una consecuencia.
Estuvieron presentes: la diputada presidenta de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; la
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el
secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; el fiscal general del
Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez.
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